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Altos directivos perpetraron un desfalcó ascendente a más de nueve millones de pesos.

muncioio habanero corrupcionA más de nueve millones 400 pesos, ascendió el desfalco al presupuesto estatal por delitos económicos perpetrados entre enero de 2012 e igual etapa de 2014, por altos directivos de dos entidades del gobierno en el municipìo Boyeros, ubicado en La Habana, la capital de Cuba.

El caso de corrupción manifiesta y total impunidad se produjo en la Unidad Presupuestada de Servicios Co­munales (UPSC) de la mencionada localidad capitalina, así como en la Dirección Mu­ni­cipal de Finanzas y Precios (DMFP) y en el Centro de Gestión Con­ta­ble del mismo territorio.

Una Verificación, realizada por la Unidad Central de Auditoría del Consejo de la Administración Provincial (CAP) de La Habana y supervisada por la Contraloría General de la Re­pú­blica (CGR), analizó las extracciones de efectivo para los pagos de salario, vacaciones y subsidios de la empresa.

Según publica el diario Granma se revisaron además los cheques que res­pal­daban esas operaciones en la etapa señalada, así como los estados de cuenta bancarios, las nóminas, los balances financieros de la DMFP, así como las conciliaciones entre entidades y las asignaciones de efectivo.

Esa auditoría de contenido especial comprobó el monto, consecuencia y repercusión de la fechoría por lo cual fueron sentenciados ALEJANDRO BERENGUER HERNÁNDEZ, FELICIA BONNE VICET y YENEY MOLINA MARTÍNEZ a diez años de privación de libertad, cada uno, según precisa el reporte noticioso.

Ellos fueron hallados culpables del delito de Fal­sificación de Documentos Bancarios y de Comercio de carácter continuado como medio para cometer hechos de Mal­versación, en la vista celebrada en la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Pro­vincial Popular de La Ha­bana.

En la misma causa  fue sancionada también a cinco años de cárcel MIRIAM RIVERO CORONA, mientras TATIANA MARRERO GUERRA y MERCEDES MA­CHADO LUJÁN a un año per cápita, con idéntico periodo de trabajo correccional sin internamiento, por Incumplimiento del Deber de Preservar los Bienes de Entidades Económicas.

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