El propósito es controlar la creciente crisis migratoria.
El proceso judicial contra seis ciudadanos de Colombia acusados de tráfico de migrantes cubanos, cobra particular interés en el contexto de una inusual medida del gobierno de ese país, que se suma a la creciente reacción regional dirigida a minimizar la crisis que mantiene en vilo a varias naciones del área.
Los encartados, fueron capturados por unidades de la Armada Nacional la pasada semana mientras transportaban en lanchas rápidas hacia Panamá a 59 nacionales de la isla caribeña en su recorrido por llegar a Estados Unidos y acogerse a los beneficios especiales que brinda la Ley de Ajuste Cubano.
Esos individuos sometidos actualmente a rigurosa investigación, resultaron apresados a bordo de tres embarcaciones, utilizadas en el contrabando de personas y en posesión de cerca de cuatro millones de pesos colombianos en efectivo y 50 dólares norteamericanos, incautados por las autoridades policiales.
Pese a los urgentes reclamos de cooperación del gobierno de Costa Rica, a sus vecinos para crear un puente humanitario que permita a los cubanos continuar la travesía, cada vez más países cierran el paso y adoptan medidas para frenar el éxodo, como son los casos de Nicaragua, Guatemala y Belice.
Estados Unidos plantea desconocer planes sobre un eventual puente aéreo para que los oriundos de la mayor de las Antillas entren al país y a la vez reclama a los países involucrados la responsabilidad de establecer los documentos necesarios y los mecanismos de control fronterizo para asegurar que no ocurran viajes indocumentados.
El presidente tico Luis Guillermo Solís, que se reunirá la semana próxima en La Habana con su homólogo Raúl Castro, pidió a las autoridades de Cuba en un reciente mensaje que contribuyan a detener las fugas desde allí, hasta que encuentren una solución al dilema que mantiene en su territorio a unos seis mil hombres, mujeres y niños.