El origen y destino de 4,5 millones de dólares son el corazón del escándalo.
Abelardo de la Espriella, favorito de la ultraderecha en el balotaje del 21 próximo en Colombia, afronta una denuncia penal por presunto saqueo del sistema sanitario en la región del Caribe, del país sudamericano, según TeleSur.
Los fondos destinados pacientes habrían financiado su defensa y blindado empresas ligadas al despojo paramilitar, precisa la acusación formulada por su rival en la segunda vuelta, el senador Iván Cepeda, del progresista Pacto Histórico.
El centro de la denuncia asciende a 18.000 millones de pesos —unos 4,5 millones de dólares— que una aseguradora del sistema público de salud pagó al jurista y ahora el origen y destino de esa suma constituyen el corazón del escándalo.
La empresa señalada es Salud Vida EPS, que administra recursos estatales para garantizar la atención médica de millones de afiliados, y que en ese momento arrastraba un historial complicado cuando decidió contratar al abogado.
Hacia 2018, el regulador estatal, la Superintendencia Nacional de Salud, había sometido a la entidad a vigilancia especial por graves infracciones administrativas, financieras y operativas, con el fin de blindar el dinero de los pacientes.
En noviembre de ese año, ya bajo control estatal, Salud Vida EPS, firmó con De la Espriella un contrato millonario para su defensa jurídica, pero el reparto de la suma enciende las alarmas ya que del total, apenas 3.000 correspondían a honorarios.
Los 15.000 millones restantes formaban una llamativa «prima de éxito», condicionada a salvar a la firma intervenida y todo ese monto, sostiene Iván Cepeda, salió de recursos públicos del sistema sanitario de la citada zona.
La legislación colombiana no deja margen, recordó el senador, porque «se prohíbe explícitamente destinar recursos públicos de la salud con el propósito de pagar defensa jurídica» de directivos, propietarios o terceros.
Entre 2002 y 2010, unos 530.000 millones de pesos destinados a la atención médica terminaron en manos de grupos paramilitares o de sus aliados políticos, que crearon y controlaron agencias de seguro para desviar el erario público.
En ese entramado, Cepeda ubica actuaciones reiteradas del jurista de la Espriella y su firma, representado legalmente a varios implicados en delitos, entre ellos el exsenador condenado por sus nexos con el paramilitarismo Dieb Maloof.
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