Forma parte de las promesas Biden para deshacer políticas de la Administración Trump.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS)de Estados Unidos anunció que tiene lista la nueva regla de carga pública, que niega la residencia permanente a los solicitantes con “probabilidad de depender principalmente del Gobierno para su subsistencia”.
La medida reduciría el número de extranjeros afectados por esta disposición, según un cable de la agencia EFE y el cambio forma parte de las promesas del Gobierno de Joe Biden para deshacer políticas de la Administración Trump (2017-2021).
“La regla de carga pública de 2019 no fue congruente con los valores de nuestra nación”, dijo el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y recalcó que bajo esta propuesta “volveremos a la comprensión histórica del término ‘carga pública’.
Las personas no serán penalizadas al optar por los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles” y resaltó que la nueva regla brindará “un trato justo y humano” a quienes soliciten admisión o residencia en el país.
Abarca asistencia alimentaria y nutricional -incluido los programas de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y de Seguro Médico para Niños, así como la mayoría de los beneficios de Medicaid, de vivienda y bonos de transporte.
Tampoco consideraría como carga pública la asistencia por desastre y la pandemia, los beneficios a través de un crédito o deducción fiscal, el Seguro Social, las pensiones del Gobierno u otras formas de ayuda ganados como criterios de inadmisibilidad.
En 2019, el expresidente reformó la norma de inadmisibilidad por carga pública, lo que dejó a muchos indocumentados sin posibilidad de optar por la residencia permanente y ocasionó que muchas familias dejaran de recibir ayudas para sus hijos estadounidenses.
En enero pasado una coalición de 21 fiscales estatales instó al Departamento de Estado a retirar la versión de la regla de carga pública de Trump y la nueva será publicada en breve en el Registro Federal, con un periodo de comentarios públicos de 60 días.
Fuente: EFE
